«Nos parece triste que se quiera recluir al crucifijo a los ámbitos puramente privados. No es justo y es discriminatorio». Así se pronunció ayer el obispo auxiliar de Madrid y portavoz de Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, a la hora de valorar la reciente sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la demanda de una mujer italiana. La Cámara de Estrasburgo dictaminó que la presencia del crucifijo en las escuelas públicas supone una violación de la libertad de los padres de educar a sus hijos según sus propias convicciones y un atentado contra la libertad religiosa de los alumnos.
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